El corazón de la Ley Karin radica en la prevención. Las empresas deben construir, de forma participativa, un protocolo preventivo robusto. Este proceso comienza con la elaboración de una política específica, revisada bienalmente, que comprometa tanto a empleadores como a trabajadores en la erradicación del acoso. Paralelamente, es crucial constituir una estructura interna encargada de la prevención, capaz de diseñar, implementar y evaluar las acciones necesarias. El tercer paso fundamental es la identificación y evaluación de riesgos psicosociales. A través de metodologías cuantitativas, como cuestionarios de salud mental, o información cualitativa proveniente de comités paritarios y sindicatos, la empresa puede mapear dónde y cómo ocurren las situaciones de riesgo. Finalmente, se debe elaborar un programa preventivo que defina actividades concretas: capacitaciones periódicas, difusión de los protocolos y sensibilización sobre el derecho fundamental a un trabajo libre de violencia y acoso. La prevención no es una tarea aislada, sino un proceso dinámico y continuo.