La Ley Karin extiende su protección más allá de la relación jerárquica interna, abordando también la violencia ejercida por terceros ajenos a la organización. Esto incluye clientes, proveedores, usuarios o visitantes. Las conductas en esta categoría, tales como gritos, amenazas, insultos o incluso agresiones físicas y robos, impactan directamente en la seguridad y salud mental de los trabajadores que prestan servicios. La empresa tiene la obligación ineludible de adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Es vital implementar protocolos que resguarden al personal frente a estas interacciones externas, asegurando que el trabajador se sienta respaldado por su empleador incluso cuando la agresión proviene de fuera. Promover un entorno seguro implica también gestionar el trato con quienes interactúan con nuestra organización, estableciendo límites claros y procesos efectivos para canalizar cualquier acto de violencia que ocurra en el lugar de trabajo, garantizando así un ambiente digno para todos los colaboradores.