Concluida la investigación, el empleador debe adoptar las medidas y sanciones que correspondan según las conclusiones obtenidas. Si la Dirección del Trabajo emite un pronunciamiento, el empleador tiene un plazo de quince días corridos para aplicarlo. Ante conductas menos graves, se pueden implementar amonestaciones o multas según lo estipulado en los reglamentos internos de la empresa. Para casos graves, la ley permite la aplicación del artículo 160 del Código del Trabajo, que contempla el despido por conductas de acoso laboral o sexual. Es fundamental que estas medidas sean proporcionales, considerando la frecuencia, intencionalidad, reincidencia y daño causado. La transparencia es clave: tanto el denunciante como el denunciado deben ser informados sobre las decisiones tomadas. Asimismo, se debe recordar que la persona sancionada tiene derecho a apelar ante los tribunales competentes. Al cumplir con estos estándares, las empresas no solo evitan sanciones legales, sino que transforman su cultura organizacional en un espacio donde el respeto y la dignidad son la base del éxito compartido.